El Tribunal de Defensa de la Competencia dio luz verde a la unión entre Telecom, del Grupo Clarín, y Telefónica Móviles Argentina, aunque le exigió a la empresa fusionada desprenderse de 6 millones de clientes de celulares, devolver 130 MHz de espectro y desinvertir en 185 localidades.
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Sin esos límites, la compañía resultante hubiera controlado cerca del 70% del mercado; con ellos, se queda con alrededor del 50%. El Tribunal de Defensa de la Competencia, dependiente de la Autoridad Nacional de la Competencia, aprobó la fusión entre Telecom, controlada por el Grupo Clarín, y Telefónica Móviles Argentina. La decisión, que contó con un informe técnico previo del ENACOM, no fue una autorización lisa y llana: vino acompañada de un paquete de condiciones que obliga a la empresa resultante a desprenderse de una porción significativa de su negocio para poder quedarse con el resto.
La principal exigencia es la cesión de 6 millones de clientes de telefonía celular, que deberá concretarse en un plazo de menos de dos años: 4 millones de líneas en el AMBA y 2 millones en el resto del país. A eso se suma la devolución de 130 MHz de espectro radioeléctrico. El cálculo no es menor: la fusión, sin restricciones, le habría dado a la empresa unificada un total de 270 MHz, muy por encima del límite de 140 MHz que permite la normativa vigente para evitar la concentración excesiva del espectro en un solo operador.
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El tercer condicionamiento apunta a la telefonía fija y al servicio de internet residencial: el organismo identificó 185 localidades en las que la empresa fusionada quedaría en una posición cercana al monopolio, y le exigió desinvertir en esos mercados locales para preservar algún grado de competencia.
El combo de exigencias no es un detalle administrativo. Según surge de los propios fundamentos de la decisión, sin esas condiciones la operación hubiera dejado a la empresa fusionada con una participación cercana al 70% del mercado de telecomunicaciones del país, una concentración que el propio organismo regulador consideró excesiva. Con los condicionamientos impuestos, esa participación bajaría a un valor estimado de alrededor del 50%, todavía una posición ampliamente dominante en el sector.
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Para entender la magnitud de la operación hay que repasar el mapa previo del mercado. Telecom, que opera bajo las marcas Personal y Fibertel, ya era uno de los dos grandes jugadores de telefonía móvil, internet fija y televisión por cable del país. Telefónica Móviles Argentina, por su parte, opera la marca Movistar, una de las tres compañías históricas de telefonía celular junto con Personal y Claro. La fusión de ambas, sin ningún tipo de límite, hubiera dejado al mercado argentino con apenas dos competidores de escala relevante: la empresa resultante y Claro, del grupo mexicano América Móvil, en una estructura de cuasi duopolio.
El esquema de desinversión que impuso el Tribunal busca, al menos en el papel, abrirle espacio a un tercer jugador o a varios jugadores regionales que puedan absorber a los 6 millones de clientes que la empresa fusionada tiene que ceder. La pregunta que todavía no tiene respuesta es quién estaría en condiciones de comprar semejante cartera de usuarios, en un mercado donde las barreras de entrada para operar una red de telefonía móvil a escala nacional son altísimas.
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El especialista en políticas de comunicación Martín Becerra resumió el trasfondo político de la decisión en una nota publicada por Perfil, donde sostuvo que con esta resolución Milei «capituló» ante el Grupo Clarín. La definición de Becerra apunta al núcleo de la cuestión: más allá de las condiciones técnicas impuestas, el desenlace del proceso terminó validando una concentración de mercado que deja al multimedios más grande del país en una posición de liderazgo indiscutido en telecomunicaciones.
El expediente de la fusión Telecom-Telefónica había generado expectativa desde el primer día, en buena medida porque ponía en juego dos variables que el Gobierno de Javier Milei dice priorizar en su discurso: la defensa de la competencia de mercado, por un lado, y la desregulación amplia de la economía, por otro. La resolución final terminó siendo un punto intermedio: ni la aprobación sin condiciones que hubiera consolidado un cuasi monopolio, ni un rechazo que hubiera bloqueado una de las operaciones empresariales más relevantes del sector de los últimos años.
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Las coberturas de LetraP, La Política Online, Infobae, Perfil, MDZ e Infocielo coincidieron en señalar que la decisión del Tribunal fue el resultado de meses de negociación entre el Gobierno y las empresas involucradas, en un expediente que combinó variables técnicas, regulatorias y, según trascendió, también políticas.
Vale la pena recordar el contexto discursivo en el que se dio esta resolución. El Gobierno de Milei construyó buena parte de su relato fundacional sobre la idea de terminar con los privilegios de lo que llamó la «casta», una categoría que en distintos momentos incluyó a los grandes grupos mediáticos acusados de operar contra el propio Gobierno. La motosierra, sin embargo, parece tener un radio de acción más bien selectivo: cuando el expediente involucra al Grupo Clarín, la épica libertaria se transforma en una negociación de condiciones técnicas que termina dejando al multimedios con la mitad del mercado de telecomunicaciones del país.
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Ni la competencia plena que reclama el manual libertario, ni la fragmentación que tanto le gusta prometer el Gobierno cuando habla de la prensa «hegemónica». Apenas un equilibrio cómodo que, a la hora de los hechos, deja a todos los actores relevantes razonablemente conformes, menos al usuario de a pie, que seguirá pagando la factura de un mercado que, aun recortado, sigue dominado por los mismos de siempre.
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FUENTE: https://politicaymedios.com.ar/nota/23317/el-gobierno-aprobo-la-fusion-telecom-telefonica-con-condiciones-pero-clarin-se-queda-con-casi-la-mitad-del-mercado/
