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La discusión sobre la residencia de los candidatos en Tucumán despertó una curiosa memoria selectiva en Mariano Campero. El dirigente que hoy intenta cuestionar la pertenencia provincial de Lisandro Catalán parece haber olvidado su propia historia política y, especialmente, el entusiasmo con el que acompañó la construcción electoral de Alfonso Prat-Gay.
Cuando el exministro de Economía buscaba instalarse como posible candidato a gobernador, Campero no parecía preocupado por sus años de residencia efectiva en Tucumán. Tampoco cuestionaba su vinculación con la provincia. Por el contrario, recorría medios y localidades junto a él, compartía actividades políticas y contribuía activamente a presentar su figura como una alternativa provincial.
En 2017 se informó públicamente que Prat-Gay había cambiado su domicilio a Tucumán con la intención de avanzar hacia una eventual candidatura. En 2021 volvió a recorrer la provincia acompañado por Campero. Ese mismo año, el entonces intendente de Yerba Buena llegó a imaginarlo como ministro de Economía de un futuro gobierno suyo.
Para Campero, Prat-Gay era suficientemente tucumano cuando formaba parte de su proyecto político.
Hoy, sin embargo, aplica un criterio completamente diferente con Lisandro Catalán.
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Una vara que cambia según el candidato
Catalán nació en Tucumán, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Tucumán y conserva vínculos familiares, profesionales y políticos con la provincia. Actualmente preside La Libertad Avanza en Tucumán y encabeza la construcción de una alternativa que busca disputar la Gobernación en 2027.
Se podrá debatir jurídicamente si cumple todos los requisitos exigidos para una candidatura. Será la Justicia Electoral la encargada de resolverlo cuando corresponda. Pero lo que resulta difícil de aceptar es que Campero pretenda presentarse ahora como guardián de una pureza territorial que no exigió cuando el candidato era su aliado.
La contradicción es evidente: para Prat-Gay alcanzaba con cambiar el domicilio, recorrer la provincia y expresar voluntad de competir. Para Catalán, en cambio, no parecerían suficientes ni su nacimiento en Tucumán, ni su formación universitaria, ni sus vínculos con la provincia, ni su conducción política partidaria.
No cambió la preocupación institucional. Cambió el competidor.
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La verdadera preocupación de Campero
La explicación parece menos jurídica que electoral. Prat-Gay podía fortalecer el proyecto político de Campero. Catalán, en cambio, amenaza con desplazarlo de la conducción opositora y convertirse en uno de los principales adversarios del oficialismo provincial.
La Libertad Avanza posee una identidad nacional consolidada, una estructura en crecimiento y un electorado que Campero necesita para sostener sus aspiraciones. El problema no sería, entonces, dónde vivió Catalán durante los últimos años. El verdadero problema sería que puede reunir los votos que Campero considera necesarios para construir su propia candidatura.
Por eso la discusión sobre el domicilio funciona como una impugnación política anticipada. Si no puede derrotarlo en la competencia por el liderazgo opositor, resulta conveniente intentar sacarlo de la cancha antes de que comience el partido.
Campero tiene derecho a cuestionar a Catalán, competir contra él y señalar sus contradicciones. Lo que no puede hacer sin pagar un costo político es borrar su propio pasado y fingir que siempre sostuvo el mismo criterio.
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La hemeroteca no olvida
La política argentina está acostumbrada a dirigentes que acomodan sus convicciones según las necesidades del momento. Lo que ayer era legítimo, hoy se convierte en escándalo. Lo que se defendía para un aliado pasa a ser inadmisible cuando beneficia a un adversario.
Campero puede explicar por qué consideraba que Prat-Gay estaba habilitado política y moralmente para aspirar a gobernar Tucumán. También puede explicar por qué cree que Catalán no lo está. Pero deberá hacerlo sin ignorar que uno nació fuera de la provincia y cambió su domicilio cuando evaluaba ser candidato, mientras que el otro nació en Tucumán y estudió en su universidad pública.
Si la discusión fuera estrictamente jurídica, la regla debería ser idéntica para todos. Si la vara cambia de acuerdo con el nombre del candidato, ya no estamos ante una defensa institucional, sino frente a una maniobra electoral.
Detrás del argumento territorial aparece una disputa mucho más profunda: quién representará a la oposición tucumana en 2027 y quién tendrá mayores posibilidades de enfrentar al oficialismo.
Eso es lo que Campero debería discutir abiertamente.
Porque en política se puede cambiar de aliados, modificar estrategias y competir por espacios de poder. Lo que resulta más difícil es cambiar el pasado.
Las hemerotecas tienen la incómoda costumbre de recordar aquello que algunos dirigentes preferirían olvidar.
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