Un médico y una clínica de La Pampa están acusados de cargar prácticas inexistentes. La causa tramita en la Justicia federal.
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El PAMI presentó una denuncia penal contra un médico de cabecera y las autoridades de una clínica de General Pico, La Pampa, por una presunta maniobra de defraudación contra la administración pública. La investigación interna detectó prestaciones cardiológicas que habrían sido cargadas en el sistema, pero nunca realizadas.
DIRECTOR DEL PAMI NACIONAL. La institución cuestionada facturó durante 2025 un total de $1.314.310.087, más de $800 millones por encima de otro prestador con capacidad semejante en la misma ciudad. La diferencia encendió las alarmas dentro del organismo conducido por Esteban Leguízamo.
El caso vuelve a exponer la fragilidad de los controles sobre una estructura que administra recursos destinados a millones de jubilados. Mientras se anuncian auditorías y sanciones, la pregunta central es cómo pudo sostenerse semejante nivel de facturación sin que los mecanismos preventivos frenaran antes la presunta maniobra.
Dos perfiles para generar y validar las órdenes
El médico denunciado, identificado en el expediente con las iniciales C.A., habría operado con dos usuarios diferentes dentro del sistema informático del PAMI. Uno correspondía a su función como médico de cabecera y el otro a su actividad como cardiólogo vinculado con la clínica investigada.
Según la documentación administrativa, esta modalidad le habría permitido generar y validar Órdenes Médicas Electrónicas (OME) vinculadas con estudios cardiológicos. Los investigadores sospechan que parte de esas prestaciones fueron transmitidas y cobradas pese a que nunca se concretaron.
El mecanismo no habría dependido solamente de una facturación llamativa. La combinación entre los dos perfiles informáticos le habría otorgado al profesional la posibilidad de intervenir en distintos momentos del circuito administrativo, reduciendo los controles cruzados sobre las prácticas cargadas.
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Afiliados y profesionales desconocieron las prácticas
El PAMI realizó nueve auditorías y cruzó las órdenes ingresadas al sistema con entrevistas a los jubilados supuestamente atendidos. Varios afiliados habrían asegurado que nunca recibieron algunas de las prestaciones que aparecían registradas a su nombre.
Los auditores también encontraron órdenes que contenían las firmas de otros profesionales. Cuando fueron consultados, esos médicos desconocieron la documentación y negaron haber autorizado las prácticas incorporadas al sistema.
La comparación con otros prestadores de General Pico terminó de encender las alertas. La clínica denunciada facturó más de $1.314 millones en un año, una cifra extraordinariamente superior a la registrada por otro establecimiento con una capacidad operativa similar. El expediente fue presentado ante la UFI-PAMI.
La denuncia llegó a la Justicia federal
La presentación fue realizada ante la Unidad Fiscal de Investigación PAMI (UFI-PAMI). Los delitos denunciados son defraudación contra la administración pública, defraudación mediante ardid o engaño y falsedad ideológica.
La hipótesis sostiene que se utilizaron herramientas informáticas y documentación médica para simular prestaciones, validar las órdenes y obtener pagos indebidos. Sin embargo, el perjuicio económico concreto todavía deberá determinarse mediante las medidas de prueba que disponga la Justicia.
La investigación se encuentra en una etapa inicial y todavía no existe una imputación judicial firme. Tanto el profesional como las autoridades de la clínica tendrán derecho a presentar sus descargos, mientras el fiscal analiza si corresponde avanzar con una instrucción formal.
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El PAMI admite que el problema es más grande
El organismo aseguró que esta denuncia forma parte de una política de auditorías iniciada en noviembre de 2025. Desde entonces fueron dados de baja más de 1.500 prestadores y se abrieron al menos siete causas penales en distintas jurisdicciones federales.
En otras investigaciones aparecieron cifras difíciles de justificar: un prestador habría cargado 283 prácticas sobre 95 pacientes en apenas cinco horas, mientras otro registró 689 órdenes cardiológicas para 326 afiliados en un solo día. Para concretarlas habría necesitado trabajar entre 81 y 108 horas diarias.
La ofensiva judicial muestra que los controles comenzaron a encontrar irregularidades, pero también revela la dimensión de las filtraciones que atravesaron al sistema. El desafío del PAMI no termina con presentar denuncias: deberá explicar cómo se habilitaron esas operaciones y garantizar que el dinero recuperado vuelva a la atención de los jubilados.
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