La presentación judicial reclama indemnizaciones por la explotación pesquera en el Atlántico Sur y busca quitar permisos a empresas que también operan en Argentina.
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Una demanda colectiva presentada ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego abrió un nuevo frente en la disputa por los recursos naturales de las Islas Malvinas. La Fundación Agustina Lerena, presidida por el especialista en pesca y Atlántico Sur César Augusto Lerena, reclama indemnizaciones que podrían alcanzar los 26.464 millones de dólares por la explotación de recursos pesqueros en aguas cuya soberanía reclama la Argentina.
La presentación, realizada el 9 de octubre ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, tiene un alcance que excede a las empresas que capturan pescado y calamar. También apunta contra bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores españoles que, según los demandantes, sostienen financieramente las operaciones pesqueras autorizadas por la administración británica de las islas.
El aspecto más sensible para la política pesquera argentina está en otro capítulo del expediente: la demanda exige retirar permisos y cuotas de pesca a compañías radicadas en el país que, según la presentación, mantienen vínculos comerciales o societarios con operadores de Malvinas.
De prosperar, el planteo podría tener consecuencias sobre empresas con actividad en puertos patagónicos y obligaría a revisar el cumplimiento de las restricciones establecidas por la legislación nacional.
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Una demanda millonaria que busca alcanzar a toda la cadena pesquera
La acción judicial cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat y fue presentada como un proceso colectivo por presuntos daños ambientales, morales y punitivos. Según los cálculos aportados por los demandantes, entre 1989 y 2025 se extrajeron 4.101.131 toneladas de recursos pesqueros mediante operaciones que consideran ilegales por carecer de autorización argentina.
La Fundación estima un perjuicio de 12.351 millones de dólares a valores FOB y de 26.464 millones a valores mayoristas. Se trata de montos reclamados por la parte actora, no de indemnizaciones reconocidas judicialmente.
La estrategia consiste en extender las responsabilidades a quienes financian, construyen, aseguran y abastecen los buques. Entre las entidades señaladas figuran Banco Santander, ABANCA, CaixaBank y Banco Sabadell, además de astilleros como Nodosa, Armón y Freire. El objetivo declarado es cuestionar el entramado económico que permite sostener la actividad pesquera bajo licencias británicas, cuya validez Argentina desconoce.
El foco sobre empresas que también tienen permisos en Argentina
Uno de los puntos centrales de la presentación es la presunta existencia de compañías que participan del sistema pesquero argentino y, al mismo tiempo, mantienen relaciones con sociedades que operan en Malvinas. Entre las firmas mencionadas aparecen Estrella Patagónica S.A., Bricel S.A. y CONARPESA. La demanda atribuye a estas empresas distintos vínculos societarios o comerciales con grupos españoles que participan en la explotación pesquera alrededor de las islas.
El planteo también menciona a Iberconsa de Argentina, Pesquera Santa Cruz, Pesquera Deseado, El Marisco, Pesquera Ceres, PESANTAR, Vieira Argentina y Ulises Castagnaro.
La Fundación solicita que se aplique el régimen de restricciones previsto por la Ley Federal de Pesca y sus modificaciones, incluida la caducidad de permisos y cuotas cuando se configuren los supuestos legales correspondientes.
Sin embargo, la inclusión de una compañía en la demanda no acredita por sí misma una infracción. La existencia de los vínculos denunciados, su alcance jurídico y las eventuales responsabilidades deberán ser examinados por las autoridades competentes.
El caso introduce así una discusión relevante para el sector: hasta dónde llegan las obligaciones de las empresas autorizadas a explotar recursos en aguas argentinas cuando mantienen relaciones con grupos internacionales que también participan de la actividad pesquera en Malvinas.
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El daño ambiental y la disputa por los recursos del Atlántico Sur
La demanda sostiene que las capturas realizadas alrededor de Malvinas afectan especies que se desplazan entre distintas áreas del Atlántico Sur, como el calamar Illex argentinus, la merluza común y la merluza de cola.
Los demandantes denuncian posibles impactos sobre la reproducción de las especies, descartes pesqueros y daños al fondo marino provocados por redes de arrastre. Para fundamentar el reclamo citan investigaciones del INIDEP y estadísticas pesqueras de la administración de las islas.
La Fundación pidió una medida cautelar para detener las operaciones cuestionadas y propuso destinar eventuales indemnizaciones a un fondo de compensación ambiental que contribuya al equipamiento científico y al control marítimo argentino.
El antecedente petrolero y la respuesta que deberá dar la Justicia
La presentación llega después de otra intervención del mismo juzgado en un conflicto por los recursos de Malvinas. En septiembre, Borruto ordenó cautelarmente detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper y Navitas, a partir de una acción por posible daño ambiental y soberano.
Ese antecedente no determina el resultado de la nueva demanda pesquera, pero muestra que el tribunal ya intervino en controversias vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área.
El conflicto también enfrenta interpretaciones jurídicas opuestas. Argentina reclama soberanía sobre las islas y sus espacios marítimos, mientras que el Reino Unido administra el archipiélago y rechaza la aplicación de la legislación argentina sobre esas operaciones.
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Por ahora, la acción promovida por Lerena representa un reclamo judicial, no una condena ni una suspensión efectiva de permisos. La propia Fundación anticipó que buscará ampliar sus presentaciones contra operadores de otros países.
La cuestión que queda planteada es concreta: si las empresas con permisos argentinos pueden ser sancionadas por sus vínculos con operaciones pesqueras en Malvinas y qué responsabilidad corresponde a quienes financian esa actividad. La respuesta dependerá de las pruebas, las defensas de los demandados y las decisiones judiciales.
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FUENTE:https://confidencial.ar/nota/3561/una-demanda-por-us-26-000-millones-apunta-a-pesqueras-y-bancos-espanoles-en-malvinas/
