Rechazaron su demanda contra el libertario Leonel Alderete y ahora deberá pagar $1,4 millones.
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El edil de Yerba Buena había recurrido a la Justicia para exigir que el joven militante libertario eliminara publicaciones de sus redes sociales, se retractara y pidiera disculpas públicas. Sin embargo, el juez Ramón Agustín Vidal rechazó la acción, consideró que las expresiones estaban protegidas por la libertad de expresión e impuso las costas judiciales al concejal.
La disputa política entre el concejal de Yerba Buena Dante Mauricio Argiró, integrante de Cambia Tucumán, y el militante de La Libertad Avanza Leonel Alderete tuvo un desenlace judicial desfavorable para el funcionario municipal.
El Juzgado Civil y Comercial Común de la VI Nominación de Tucumán rechazó la medida autosatisfactiva que había presentado el edil para exigir la eliminación de videos, una retractación y disculpas públicas por la difusión de un audio que lo mencionaba. La resolución fue dictada el 11 de noviembre de 2026 por el juez Ramón Agustín Vidal, en el marco del expediente N.º 8051/26, y estableció que las costas del proceso deberán ser afrontadas por Argiró, al resultar vencido.
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El origen del enfrentamiento
El conflicto comenzó en septiembre, cuando se difundió un audio en el que se hacía referencia a supuestos acuerdos entre repartidores de PedidosYa y el concejal de Yerba Buena, además de presuntas amenazas relacionadas con la actividad de estos trabajadores en el municipio.
El material había sido publicado inicialmente el 18 de septiembre por el medio digital Tucumán Digital. Días después, el 24 y 25 de septiembre, Alderete reprodujo el contenido en sus redes sociales, donde planteó interrogantes sobre la situación.
En uno de los videos, el joven expresó: “Escándalo en Yerba Buena. Se filtró un audio en donde el concejal Argiró presuntamente amenaza a los cadetes de PedidosYa”. Posteriormente, reprodujo el material y concluyó preguntando a sus seguidores: “¿Y qué opinan ustedes al respecto?”.
La publicación generó repercusiones políticas y motivó la reacción del concejal, quien negó rotundamente las acusaciones.
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Argiró recurrió a la Justicia y exigió disculpas públicas
El 1 de octubre, Argiró, con el patrocinio de la abogada Stefanía Daiana Sleiman, inició una acción de tutela autosatisfactiva contra Alderete. En su presentación judicial, el concejal sostuvo que jamás había amenazado a trabajadores de reparto, que nunca había celebrado acuerdos irregulares para permitirles trabajar y que la voz del audio difundido no le pertenecía.
Además, consideró que las publicaciones constituían una afectación a su honor, su imagen pública y la investidura institucional que representa como integrante del Concejo Deliberante.
Por ese motivo, solicitó que la Justicia ordenara la eliminación inmediata de los videos difundidos en TikTok, Instagram y Facebook, la prohibición de reiterar las imputaciones, una retractación pública y disculpas expresas en las mismas plataformas.
También pidió que se aplicaran sanciones económicas en caso de incumplimiento de las medidas solicitadas.
“No me voy a callar”: la respuesta del militante libertario
La presentación judicial provocó una reacción pública de Alderete, quien aseguró que la demanda representaba un intento de limitar sus expresiones sobre cuestiones de interés público.
“Acabo de recibir una denuncia por mostrar las problemáticas de Tucumán. No me voy a callar. Voy a seguir hablando para poder ver un Tucumán distinto”, manifestó el joven en un video publicado en Instagram.
El conflicto también generó repercusiones entre militantes de La Libertad Avanza. Entre quienes se pronunciaron estuvo el influencer libertario Benjamín Gosen, quien cuestionó la presentación judicial y sostuvo que existía un intento de silenciar a jóvenes militantes.
Durante el proceso, Alderete fue representado por la abogada Sofía Rondón, quien argumentó que su defendido no había realizado acusaciones categóricas contra Argiró, sino que había compartido información que ya circulaba públicamente y que se encontraba vinculada con la actuación de un funcionario.
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Qué determinó la Justicia
El 10 de noviembre se realizó una audiencia con la participación de ambas partes y sus representantes legales. Durante el encuentro se intentó alcanzar una conciliación, pero no hubo acuerdo. Al día siguiente, el juez Ramón Agustín Vidal dictó la sentencia N.º 2293 y resolvió rechazar la acción presentada por el concejal.
En sus fundamentos, el magistrado analizó el conflicto entre dos derechos constitucionales: el derecho al honor de Argiró y la libertad de expresión de Alderete.
Uno de los aspectos centrales de la resolución fue la condición de funcionario público del demandante. El juez recordó que quienes desempeñan cargos públicos están sujetos a un mayor grado de exposición, control y crítica por parte de la ciudadanía, especialmente cuando las publicaciones se relacionan con cuestiones de interés general.
También destacó que el material difundido por Alderete no hacía referencia a aspectos íntimos o privados del concejal, sino a una situación vinculada con su actuación pública.
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La palabra “presuntamente”, clave en el fallo
Otro de los argumentos determinantes fue la forma en que Alderete presentó el contenido. El magistrado consideró especialmente relevante que el militante utilizara la palabra “presuntamente”, ya que esa expresión otorgaba un carácter hipotético a las afirmaciones y evitaba presentarlas como hechos comprobados.
Asimismo, señaló que el joven había reproducido información difundida previamente por otro medio y que no se acreditaron los extremos necesarios para responsabilizarlo bajo la doctrina de la real malicia. En consecuencia, el juez concluyó que, en las circunstancias examinadas, debía prevalecer el derecho a la libertad de expresión de Alderete.
La resolución también dejó en claro que las publicaciones estaban relacionadas con un asunto de interés público, cuyo debate resulta relevante dentro de una sociedad democrática.De esta manera, la Justicia rechazó los pedidos del concejal para que se eliminaran los videos, se impidiera reiterar las expresiones y se obligara al militante a retractarse y pedir disculpas.
Cabe aclarar que la sentencia no determinó si las presuntas amenazas o los supuestos acuerdos mencionados en el audio existieron realmente. El tribunal resolvió sobre la procedencia de las medidas solicitadas contra las publicaciones, no sobre la autenticidad de las acusaciones.
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El costo económico del revés judicial: honorarios por más de $1,4 millones
Además de rechazar la demanda, el juez dispuso que Mauricio Argiró deberá afrontar las costas judiciales del proceso por resultar vencido, conforme al artículo 61 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. La sentencia estableció honorarios profesionales de $730.000 para Stefanía Daiana Sleiman, abogada del concejal, y otros $730.000 para Sofía Rondón, representante legal de Alderete.
De esta manera, los honorarios regulados alcanzan un total de $1.460.000, a los que se adiciona el 10% correspondiente a aportes legales, equivalente a $146.000, lo que eleva la suma conjunta de honorarios y aportes a $1.606.000. La resolución también contempla la aplicación de intereses, calculados según la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina, en caso de mora.
Si bien las costas fueron impuestas al concejal, la determinación del monto efectivamente exigible deberá ajustarse a la liquidación correspondiente. Tampoco surge de la sentencia analizada que la resolución haya quedado firme.
Así, el enfrentamiento que comenzó con publicaciones en redes sociales y posteriormente llegó a los tribunales concluyó, al menos en esta instancia judicial, con el rechazo de las pretensiones de Argiró y una resolución que destacó la importancia de la libertad de expresión y del debate ciudadano sobre la actuación de los funcionarios públicos.
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FUENTE:https://sincodigotucuman.com/duro-reves-judicial-para-el-concejal-mauricio-argiro-rechazaron-su-demanda-contra-el-libertario-leonel-alderete-y-ahora-debera-pagar-14-millones/





