Tren turístico Eva Perón
La SIGEN investigan un entramado de convenios millonarios y mal uso de fondos públicos.
En las últimas horas tomó fuerza un hecho que fue denunciado años atrás. El tren turístico Eva Perón, de la provincia de Santa Cruz, es el reflejo de las irregularidades y la mala administración de los fondos públicos, durante el gobierno de la condenada ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Este proyecto, que prometía impulsar el turismo y revalorizar el ramal ferroviario, no solo resultó una inversión millonaria, sino que fue abandonado rápidamente tras un solo día de funcionamiento, dejando tras de sí un rastro de irregularidades y falta de transparencia.
El tren, que debía unir Río Gallegos con Río Turbio, se puso en marcha por primera vez en un acto de inauguración en 2015, en plena campaña electoral. Ese día, con la presencia de Alicia Kirchner y Máximo Kirchner, se realizó lo que muchos han calificado como una “falsa inauguración”, ya que el tren solo recorrió unos pocos metros, sin pasajeros ni itinerario definido. Desde entonces, el tren nunca volvió a circular.
Este proyecto fue presupuestado en aproximadamente $ 700 millones, unos U$S 70 millones al tipo de cambio de la época. Sin embargo, según revela la periodista Lucía Salinas en el diario Clarín, la obra nunca fue completada y los recursos destinados no se utilizaron de manera adecuada.
Según la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), se detectaron una serie de irregularidades, desde la falta de documentación adecuada hasta la utilización de material inapropiado para las obras, pasando por un claro mal manejo de los fondos públicos.
A pesar de que el tren no funcionó, el proyecto de la “puesta en valor del ramal ferroviario” continuó con una serie de convenios entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), el Ministerio de Planificación Federal, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC). En total, se firmaron 453 convenios y 90 adendas que involucraron un monto total de $443 millones, pero la obra no avanzó como se había prometido.
Las auditorías de la entidad revelaron que hubo facturas sin rendir, sobreprecios, y una campaña de comunicación inexistente sobre una obra que nunca se completó. De hecho, se descubrió que una parte significativa del presupuesto, unos $48 millones, destinados a la compra de material rodante para el tren, nunca se utilizó para los fines previstos. Además, la justicia federal penal detectó más irregularidades en las contrataciones relacionadas con el tendido ferroviario y los $55 millones destinados a tres tramos del ramal.
El informe de la SIGEN también señaló que el material rodante y otras partes de la infraestructura fueron abandonados en la Estancia Killik Aike Sur, sin un uso claro ni documentación que respaldara la expropiación o el convenio para usar el suelo en dicha estancia. En la actualidad, los auditores han indicado que solo quedan tres vagones en la propiedad, sin locomotora y en total desuso, mientras que la empresa YCRT lucha por recuperar el material para salvar a la compañía de la expropiación.
