En un contexto de fuerte tensión política y judicial, el Gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se reunió con el intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros. La foto del encuentro se difundió en simultáneo con el revuelo que generó la denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sobre el retiro de $17.000 millones de la municipalidad a través de cheques por ventanilla entre enero de 2023 y junio de 2024. Según la investigación, el mayor flujo de fondos se dio en la época electoral.
Mientras Jaldo y Monteros mostraban una imagen de unidad, la Legislatura provincial se convertía en la caja de resonancia del escándalo. Desde la oposición se exigieron explicaciones y se planteó la posibilidad de citar al intendente para que rinda cuentas sobre el manejo de los fondos públicos. Legisladores de distintos sectores cuestionaron la falta de transparencia en la administración municipal y reclamaron la intervención de la Justicia para esclarecer el destino del dinero.
El encuentro entre el gobernador y el intendente fue interpretado como un gesto de respaldo político en medio de la crisis. Sin embargo, desde Casa de Gobierno evitaron pronunciamientos sobre la causa judicial y se limitaron a señalar que la reunión formó parte de la agenda institucional habitual.
