CONCEJALES DE TUCUMANLocales
Similitudes y diferencias entre la norma que legalizó Uber en Salta
Los proyectos en vista en Tucumán. La aprobación en la capital salteña del “Régimen de transporte de personas con intermediación de plataformas digitales” encendió la mecha del debate en el ámbito tucumano.
La medida fue impulsada por el intendente Emiliano Durand y provocó la inmediata reacción del sector tradicional del transporte, que protagonizó una masiva protesta fuera del Concejo de Salta.
En contraste, en San Miguel de Tucumán los encuentros entre funcionarios y choferes del Sistema Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles (Sutrappa) han sido reiterados, con el fin de escuchar sus posturas antes de avanzar con una norma.
Entre los puntos salientes de la ordenanza salteña, se establece que las empresas deberán tener domicilio legal en la ciudad (aunque no necesariamente oficina física), y que los conductores tendrán un plazo de dos años para obtener la licencia profesional, además de contar con seguro, antecedentes penales limpios y residencia en la provincia.
Concejal Franco Pte de la Comision de Transporte del Concejo capitalino.(Foto HCD)
En Tucumán, los concejales evalúan medidas similares. Una propuesta de la Municipalidad capitalina busca aplicar cargas impositivas tanto a personas físicas como jurídicas, estén radicadas en el municipio o no, por explotar comercialmente estos servicios en la ciudad. También se estudia la creación de un registro local de permisionarios, donde se detallen vehículos, titulares y choferes habilitados.
Otro punto en común entre ambas ciudades es la exigencia de certificado de antecedentes penales y el establecimiento de una antigüedad máxima para los vehículos: mientras en Salta se establece un límite de 15 años para autos y 10 para motos, en Tucumán el criterio aún no ha sido definido.
El caso salteño también contempla una serie de herramientas tecnológicas de seguridad obligatorias: botón antipánico conectado al 911, visualización de datos del conductor, ubicación en tiempo real y canales formales para presentar reclamos. En San Miguel de Tucumán, estos elementos aún forman parte de la discusión técnica.
El modelo aprobado en Salta contempla además que taxistas y remiseros puedan sumarse a las plataformas, siempre que cumplan con los mismos requisitos. Con el objetivo de contener las tensiones, Durand evalúa brindar incentivos específicos al sector tradicional, como parte de un esquema de “competencia en igualdad de condiciones”.
Por su parte, el Concejo Deliberante tucumano continuará con las reuniones en las próximas semanas para avanzar en un dictamen que pueda ser llevado al recinto. Si no se alcanza un consenso, se presentarán dos propuestas diferenciadas, para que los 18 ediles definan la normativa en sesión.
La problemática ya se expandió a otras jurisdicciones. En Concepción, el Concejo Deliberante debatió el tema entre protestas de taxistas que exigen sanciones severas para el transporte ilegal, y critican los contactos de los ediles con referentes de las aplicaciones.
El desafío que enfrentan los municipios tucumanos es doble: por un lado, generar condiciones de equidad y control frente al avance de las plataformas digitales; por otro, lograr una convivencia regulada con los actores tradicionales del transporte urbano, sin que esto derive en nuevos focos de conflicto social o laboral.
Otro punto en común entre ambas ciudades es la exigencia de certificado de antecedentes penales y el establecimiento de una antigüedad máxima para los vehículos: mientras en Salta se establece un límite de 15 años para autos y 10 para motos, en Tucumán el criterio aún no ha sido definido.
El caso salteño también contempla una serie de herramientas tecnológicas de seguridad obligatorias: botón antipánico conectado al 911, visualización de datos del conductor, ubicación en tiempo real y canales formales para presentar reclamos. En San Miguel de Tucumán, estos elementos aún forman parte de la discusión técnica.
El modelo aprobado en Salta contempla además que taxistas y remiseros puedan sumarse a las plataformas, siempre que cumplan con los mismos requisitos. Con el objetivo de contener las tensiones, Durand evalúa brindar incentivos específicos al sector tradicional, como parte de un esquema de “competencia en igualdad de condiciones”.
Por su parte, el Concejo Deliberante tucumano continuará con las reuniones en las próximas semanas para avanzar en un dictamen que pueda ser llevado al recinto. Si no se alcanza un consenso, se presentarán dos propuestas diferenciadas, para que los 18 ediles definan la normativa en sesión.
La problemática ya se expandió a otras jurisdicciones. En Concepción, el Concejo Deliberante debatió el tema entre protestas de taxistas que exigen sanciones severas para el transporte ilegal, y critican los contactos de los ediles con referentes de las aplicaciones.
El desafío que enfrentan los municipios tucumanos es doble: por un lado, generar condiciones de equidad y control frente al avance de las plataformas digitales; por otro, lograr una convivencia regulada con los actores tradicionales del transporte urbano, sin que esto derive en nuevos focos de conflicto social o laboral.
