A INDAGATORIA: por presunta suplantación de identidad y difamación. El funcionario provincial deberá presentarse el próximo martes a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa federal que investiga el presunto uso ilegítimo del DNI de un tercero para crear un perfil falso en el diario La Gaceta y publicar supuestos comentarios injuriantes.
Y finalmente llegó el día. O, mejor dicho, le llegó el momento a Martín Viola. Y es que el funcionario provincial que está a cargo de la Secretaría de Estado de Energía de Tucumán deberá comparecer ante la Justicia para dar explicaciones. Pero no se trata de cualquier tipo de explicaciones, sino que el también empleado del ejecutivo provincial deberá rendir cuentas luego de lo que fue una grave y asonada denuncia en su contra.
De esta manera, este personaje que también hace las veces de educador en la Universidad de San Pablo-T fue citado a declarar como imputado el martes 03 de marzo a las 10:00 hs. luego de lo que fue una pormenorizada investigación a cargo de la Justicia Federal por parte del juez federal Guillermo Díaz Martínez, quien citó a Viola a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa que hizo mucho ruido en la política de nuestra provincia.
Y es que la misma se originó a partir de una denuncia gravísima debido a que se trataría del delito de suplantación de identidad que la Justicia Federal le endilga a Martín Viola. Cabe recordar que esto derivó en una causa que se inició el 22 de agosto del año pasado luego de lo que fue una presentación judicial realizada por parte de la apoderada legal del damnificado en cuestión, el señor Julián Echazu Toneatti.
Sin ir más lejos, se trata de quien acusó a Viola de haber utilizado ilegítimamente el DNI de un tercero para crear una cuenta digital y publicar comentarios injuriantes contra un funcionario municipal de la capital. El denunciante dejó expresamente manifiesto que extravió su DNI a principios de junio del 2025 en la cochera del edificio donde reside, una unidad habitacional ubicada en pleno centro de la capital tucumana.
Tiempo después, Julián Echazu Toneatti advirtió que su identidad estaba siendo utilizada sin autorización en la web del diario La Gaceta. DE hecho, el 21 de junio del año pasado, la víctima recibió un mensaje de Alejandro Sangenis, actual sub secretario de gobierno municipal de la capital, quien le consultó por una serie de comentarios ofensivos publicados el día anterior en el mencionado medio digital.
De hecho, el otrora concejal por Yerba Buena fue quien se comunicó personalmente con el propio Toneatti debido a que lo expuesto en el sitio web mencionado fue realizado bajo su nombre y número de DNI. Sin embargo, quien denunció a Martín Viola procedió a negar rotundamente haber efectuado dichas publicaciones y aseguró no haber creado ninguna cuenta digital. Fue entonces que, a partir de la ratificación de la denuncia por parte de Julián Echazu Toneatti, la Fiscalía solicitó los datos de registración de la cuenta digital desde la cual se realizaron los comentarios. Un informe técnico determinó que la cuenta fue creada el 2 de junio de este año desde una dirección IP específica y que, minutos después, los datos fueron modificados para figurar a nombre y DNI del denunciante.
En ese sentido, cabe señalar que un elemento central de la investigación fue que la suscripción digital paga fue abonada ese mismo día con una tarjeta de crédito cuyo titular es Martín Sebastián Viola. Para el fiscal Agustín Chit, este dato resultó clave para vincular directamente al imputado con la operatoria bajo análisis. Además, la cuenta fue bloqueada el 23 de junio del 2025 al detectarse el uso irregular de una identidad ajena, lo que reforzó la hipótesis de una suplantación deliberada.
La investigación también reveló que Martín Viola y Toneatti residen en el mismo edificio, circunstancia que, según la Fiscalía, explicaría el acceso al DNI extraviado. Si bien no fue posible identificar al usuario exacto de la IP por tratarse de direcciones dinámicas, el Ministerio Público Fiscal Federal consideró que el conjunto de indicios es suficiente para sostener la imputación y el fiscal Chit encuadró la conducta en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad.
Se trata de un delito previsto en el artículo 33 inciso “d” de la Ley Nacional N° 20.974, y sostuvo que Martín Viola habría actuado con dolo directo, al utilizar conscientemente la identidad de otra persona sin su autorización. Con estos argumentos, el juez Díaz Martínez hizo lugar al pedido del fiscal y fijó la audiencia de declaración indagatoria en la que el funcionario provincial deberá responder formalmente ante la Justicia Federal por los hechos que se le imputan.
Al respecto, es menester dar cuenta acerca de que el delito que se le imputa a Martín Viola es uno sumamente grave considerando que el todavía funcionario provincial se enfrenta a la posibilidad de ir a prisión por un lapso de tiempo que va desde uno a cuatro años, siempre y cuando el hecho no constituya un delito más severamente penado, de acuerdo a lo establecido por el ya mencionado artículo 33 inciso “d” de la Ley Nacional N° 20.974.
Lo cierto es que, de ser hallado culpable, Viola podría enfrentar una condena penal efectiva, además de las consecuencias políticas e institucionales derivadas de una sentencia en su contra. Por lo pronto, el juez federal ordenó que sea notificado por la Policía Federal Argentina y que, en el plazo de tres días desde la notificación, designe defensor particular, bajo apercibimiento de asignársele un defensor oficial.
En definitiva, la indagatoria prevista para dentro de un par el día martes será clave para definir la situación procesal del funcionario provincial. Lo cual, permite divisar en el futuro cercano la posibilidad de que Martín Viola pudiera ser procesado luego de prestar declaración indagatoria. De ocurrir esto último, una serie de preguntas pertinentes se abren paso de cara a lo que podría decantar si continúa el hasta ahora buen accionar de la Justicia federal.
¿Seguiría siendo profesor de la Universidad de San Pablo-T alguien que habría incurrido en una total falta de ética? Y si de ética hablamos, considerando que el denunciado se desempeña como abogado ¿No debería tomar cartas en el asunto el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados? En cuanto el Poder Legislativo, ¿Seguiría Martín Viola como empleado de la Legislatura de Tucumán? ¿Seguirá siendo funcionario del gobierno provincial? Desde el próximo martes la moneda estará en el aire…
Por Javier Angel Moreno Piredda
