La primera incoherencia aparece en la base misma del cálculo. El trabajo cuestiona que la Provincia haya armado su presupuesto con una inflación anual del 10,1%, crecimiento del PBI del 5% y un dólar a $1.423, supuestos considerados demasiado optimistas. La advertencia política no es menor: si la inflación real termina siendo bastante más alta, habrá más recaudación nominal fuera del cálculo original y, por lo tanto, más discrecionalidad para administrar recursos.
Quién maneja la caja
El dato central del informe es que más del 90% del presupuesto provincial está compuesto por gastos corrientes, mientras que el gasto de capital proyectado para 2026 sería de apenas 8,47%. Es decir: la caja provincial sigue diseñada para sostener funcionamiento, estructura y salarios mucho más que inversión transformadora.
Dentro de esa lógica, el gasto en personal permanente explica aproximadamente entre el 55% y el 60% del gasto total. Esa sola cifra ya muestra dónde está el corazón del presupuesto: la administración provincial gasta sobre todo en sostener su propio aparato.
Al bajar al detalle, el informe sí permite ver una parte de esa concentración. Excluyendo salud, educación y seguridad, las siete principales instituciones del Poder Ejecutivo explican 4,54% del presupuesto total sólo en gasto en personal. A eso se suma otro bloque especialmente llamativo: “erogaciones varias” a cargo del Tesoro, con 3,2% del total, sin identificación clara de destino. Y además los organismos descentralizados absorben otro 3,1% en personal.
La conclusión es clara: el Ejecutivo no sólo conserva el control político del presupuesto, sino también la mayor capacidad de administrar partidas opacas o poco desagregadas.
El caso más visible es el de “erogaciones varias”, donde se asigna casi 4% del presupuesto a 230 cargos de planta sin detalle institucional suficiente, con un costo promedio anual estimado por el informe en torno a $870 millones por cargo.
Legislatura y Justicia: lo que se ve y lo que no se deja ver
Acá aparece una de las principales zonas oscuras. El informe afirma expresamente que no está incluido el presupuesto de la Legislatura y señala que esa omisión también forma parte de la falta de claridad del proyecto. Aun así, consigna que, según datos extraoficiales, en 2026 la Legislatura seguiría representando más del 3,5% del gasto total provincial, aunque con una baja relativa frente a años previos.
En el caso de la Justicia, el trabajo no publica el presupuesto completo del Poder Judicial, pero sí muestra que las dos principales instituciones judiciales concentran 2,58% del presupuesto total en gasto en personal. Es decir, el dato disponible para la Justicia es parcial: no refleja todo su presupuesto, sino una porción salarial relevante.
Traducido al plano institucional: se puede estimar que la Legislatura insume más de 3,5% del total, mientras que la Justicia tiene al menos 2,58% sólo en salarios en sus dos principales órganos; pero el propio informe no permite calcular con exactitud el peso integral de cada poder. Y esa imposibilidad también es noticia.
Las incoherencias del modelo
El trabajo también encuentra inconsistencias en la estimación de recursos. Mientras la comparación entre presupuestos 2025 y 2026 sugiere una suba del 119,7%, al contrastar con la recaudación efectiva anualizada de 2025 el crecimiento real esperado sería de apenas 20,6%. Esa diferencia no es un detalle técnico: muestra un presupuesto difícil de leer, poco transparente y propenso a exagerar o desordenar la información.
En la composición tributaria, además, el informe marca otra rareza: Ingresos Brutos crecería de modo razonable, pero Sellos y Salud Pública subirían muy por encima de la inflación prevista, mientras Inmobiliario y Automotores caerían nominalmente. El resultado sería peor calidad tributaria: más presión sobre la actividad económica y menos recursos coparticipables para municipios.
La otra gran contradicción está en la inversión. Mientras el presupuesto recompone gasto total y vuelve al pico real de 2023, la Dirección Provincial de Vialidad apenas tendría 1,5% del total y las obras de agua y saneamiento apenas 0,19%. El informe remata con una comparación demoledora: todo un año de obras hídricas equivale a poco más de la mitad de lo que la Provincia recibió en un solo mes por ATN para la emergencia hídrica.
El problema de fondo no es sólo cuánto gasta Tucumán, sino cómo distribuye poder dentro del presupuesto. Lo que sí se ve es un aparato estatal intensivo en gasto corriente, salarios y cajas poco transparentes. Lo que no se ve con claridad —como el presupuesto exacto de la Legislatura o el detalle completo de varias áreas— confirma que en Tucumán la opacidad también forma parte del diseño presupuestario.
FUENTE: 
https://quediario.com.ar/2026/03/24/casi-7-billones-que-no-se-puede-leer-con-claridad/
