Eliminar delegados comunales para cortar duplicaciones y transparentar fondos. La propuesta de La Libertad Avanza en Tucumán busca rediseñar el Estado desde una lógica de eficiencia: menos capas administrativas, mayor trazabilidad del gasto y control directo sobre los recursos públicos.
En línea con una visión de Estado más austero y eficiente, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, propuso eliminar la figura del delegado comunal en Tucumán, apuntando directamente a uno de los núcleos históricos de expansión del gasto político en el interior provincial.
El eje de la iniciativa no es sólo político: es, ante todo, fiscal. Desde la mirada libertaria, el problema central del esquema actual no radica únicamente en su costo, sino en la duplicación de funciones y la opacidad en el manejo de los recursos. Las comunas, en este sentido, operan como una capa intermedia que replica tareas que podrían ser absorbidas por estructuras municipales ya existentes.
La eliminación de estos niveles administrativos apunta a un objetivo concreto: reducir la fragmentación del gasto público. En términos prácticos, implica pasar de un sistema disperso —con múltiples unidades ejecutoras pequeñas y con bajo control— a uno más concentrado, donde los municipios asuman la responsabilidad directa sobre la ejecución presupuestaria.
Este rediseño permitiría, según el planteo libertario, mejorar la trazabilidad del gasto. Es decir, que cada peso asignado tenga un recorrido claro, auditable y verificable, reduciendo márgenes para la discrecionalidad. En sistemas con alta intermediación, como el actual, el seguimiento del dinero público suele diluirse entre estructuras políticas, lo que dificulta el control ciudadano y administrativo.
Otro punto clave es la eficiencia. La existencia de estructuras paralelas —comunas y municipios— genera superposición de funciones: mantenimiento básico, asistencia social, pequeñas obras, gestión territorial. Esa duplicidad no sólo incrementa costos operativos, sino que también ralentiza la toma de decisiones y diluye responsabilidades.
Desde esta perspectiva, la propuesta de Catalán busca alinear el funcionamiento del Estado con un principio central del ideario libertario: gastar mejor, no necesariamente gastar más. La reducción de estructuras permitiría liberar recursos que, en teoría, podrían ser reasignados a inversión directa en infraestructura crítica, como caminos rurales, redes de agua o saneamiento.
Sin embargo, el desafío no es menor. La clave estará en cómo se implementa la transición. La absorción de funciones por parte de los municipios requerirá no sólo recursos, sino también capacidad de gestión, sistemas de control y mecanismos de rendición de cuentas más robustos.
En este punto, la transparencia aparece como el segundo pilar de la reforma. Menos intermediarios implica, en teoría, menos puntos de fuga para el uso discrecional de fondos. Pero eso sólo se consolida si se acompaña con herramientas concretas: presupuestos abiertos, auditorías activas y acceso público a la información.
La propuesta de eliminar los delegados comunales, así planteada, no es sólo un recorte administrativo. Es un intento de redefinir cómo circula el dinero dentro del Estado provincial. Y en esa discusión, el foco deja de estar en la estructura política para pasar a una pregunta más profunda: cuánto cuesta realmente el funcionamiento del Estado y qué parte de ese costo llega efectivamente a la gente.
