FATAP cuestionó la ampliación de los subsidios nacionales al AMBA y advirtió que las empresas de las provincias enfrentan una crisis estructural.
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Sostuvo que la desigualdad en las compensaciones afecta a los usuarios, compromete las fuentes de trabajo y pone en riesgo la continuidad de los servicios.
La ampliación de los recursos económicos destinados a subsidiar el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) generó un nuevo cuestionamiento de las empresas del interior.
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) denunció que la decisión del Gobierno nacional profundiza una política de tratamiento desigual y advirtió sobre las consecuencias que esa diferencia de financiamiento tiene sobre los sistemas urbanos de las provincias.
«Lamentablemente, esta Federación advierte que, a lo largo de los años -y con independencia de las diferentes concepciones ideológicas, políticas y económicas de las sucesivas administraciones nacionales-, se ha mantenido un denominador común: una injustificable, persistente y cada vez más gravosa discriminación hacia el transporte público de pasajeros del interior del país», expresó la entidad en un pronunciamiento firmado por su presidente, José Cano, y su secretario, Gustavo Larrea.
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La federación sostuvo que el problema no afecta exclusivamente a las empresas prestadoras ni constituye una discusión sobre el reparto de recursos públicos entre jurisdicciones. «Sus consecuencias recaen directamente sobre millones de ciudadanos argentinos que, por el solo hecho de residir fuera del AMBA, reciben un tratamiento sustancialmente desigual», advirtió.
Uno de los argumentos centrales del reclamo apunta al origen de los recursos que financian las compensaciones. Según FATAP, los fondos del fideicomiso destinado a las empresas de jurisdicción nacional provienen del impuesto a los combustibles, que pagan todos los argentinos, incluidos los habitantes del interior.
En ese sentido, consideró que «no existe razón objetiva, económica, social, ni institucional que justifique semejante diferenciación» y sostuvo que los habitantes de las provincias tienen el mismo derecho que quienes residen en el AMBA a contar con un sistema de transporte «eficiente, sustentable y adecuado a sus necesidades».
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El documento describe un escenario de desequilibrio económico y financiero que, según la federación, se arrastra desde hace 10 años. La insuficiencia de las compensaciones tarifarias y el incremento sostenido de los costos de explotación colocaron a las empresas en una situación que dificulta sostener las inversiones y garantizar la prestación.
FATAP afirmó que esta situación impidió «no solamente obtener una rentabilidad razonable, sino también preservar adecuadamente el capital invertido, renovar y modernizar los parques móviles, incorporar tecnología, mejorar las condiciones de prestación».
También cuestionó la diferencia entre las obligaciones que deben afrontar las compañías del interior y los recursos disponibles para cumplirlas. «Las empresas del interior deben afrontar obligaciones laborales, operativas, fiscales, técnicas y de seguridad equivalentes a las que soportan las empresas del AMBA, pero sin contar con un esquema de financiamiento público comparable», señaló.
La situación se vuelve más compleja por las posibilidades de trasladar los mayores costos al precio del boleto. La federación advirtió que la recaudación tarifaria alcanzó en numerosas jurisdicciones «un límite económico y social prácticamente insuperable». El aumento de las tarifas, agregó, provoca una retracción de la demanda y reduce todavía más los ingresos de las compañías.
Otro de los puntos del pronunciamiento está relacionado con los cambios en la movilidad urbana. FATAP advirtió sobre el crecimiento sostenido del uso de motocicletas particulares, especialmente de baja cilindrada, y de las aplicaciones de transporte en moto, como Uber Moto y DiDi Moto, en detrimento del transporte colectivo.
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La entidad consideró que este fenómeno «lejos de constituir una solución, traslada al Estado y al conjunto de la sociedad costos sensiblemente superiores a los que demandaría sostener un sistema de transporte colectivo eficiente».
Entre las consecuencias enumeró el incremento de los siniestros viales, la mayor demanda de atención en los hospitales públicos, la congestión del tránsito y el aumento de las emisiones contaminantes. También cuestionó las condiciones de informalidad en las que, según sostuvo, operan algunas de estas modalidades, sin habilitaciones, seguros adecuados, controles técnicos ni obligaciones laborales equivalentes a las de los servicios regulares.
En ese contexto, dejó una de las definiciones más contundentes del documento: «Cada peso que se deja de destinar al sostenimiento del transporte público del interior deteriora el sistema y termina reapareciendo, multiplicado, como gasto en salud, infraestructura vial, control del tránsito y asistencia social».
FATAP describió un proceso que considera cada vez más difícil de revertir: la insuficiencia de las compensaciones obliga a incrementar las tarifas; los aumentos reducen la cantidad de pasajeros; la caída de la demanda deteriora los ingresos de las empresas y ese escenario compromete las frecuencias, la regularidad y la calidad de las prestaciones.
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La federación advirtió que la consecuencia es «el debilitamiento progresivo de un servicio público esencial para la movilidad de la población, la actividad económica, el acceso al trabajo, la educación y la salud». El reclamo también alcanzó a las negociaciones salariales del sector. La entidad cuestionó que el Estado nacional mantenga una posición prescindente respecto del financiamiento del transporte del interior y de las consecuencias económicas de los acuerdos laborales, mientras amplía las asistencias destinadas al AMBA.
«Los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros, cualquiera sea la jurisdicción en la cual se desarrollen, se encuentran sujetos a estructuras de costos sustancialmente equivalentes, a exigencias técnicas y operativas comparables y a obligaciones laborales derivadas de un mismo marco convencional», remarcó.
Y planteó una contradicción en el esquema actual: «No puede existir similar remuneración por igual tarea, si los ingresos de los que deben pagar la remuneración no resulta equivalente». Finalmente, FATAP reclamó que las autoridades nacionales, provinciales y municipales coordinen sus responsabilidades y abandonen una dinámica en la que la insuficiencia de recursos termina trasladándose a las empresas, los trabajadores y, fundamentalmente, los usuarios.
«La cuestión trasciende ampliamente los intereses sectoriales de las empresas prestadoras. Se encuentra comprometida la posibilidad de garantizar un servicio público indispensable para millones de argentinos», concluyó la federación.PUBLICIDAD






