Absurdo: quieren expropiar un local comercial para hacer oficinas públicas
El Gobierno de Tucumán está a punto de cometer una decisión absurda desde todo punto de vista y que, incluso podría ser inconstitucional: la Legislatura aprobó una ley en 2021 que declara la expropiación de un inmueble donde funciona la primera sucursal de la marca Gerf para instalar una oficina del Ministerio Público de la Defensa, que conduce Washington Navarro Dávila. Para que se entienda claro: cerrar una empresa privada para poner más oficinas del Estado. A contramano con la disminución del gasto público que se pregona a nivel nacional.
El 14 de febrero la Justicia notificó a la familia Rocchia que el 29 de febrero debe abandonar la propiedad donde funciona el primer local de Gerf, ubicado en Nasif Estéfano 168, de Concepción. Es la sucursal que más vende y por la única que no deben pagar un alquiler. Es decir, el local que pretende el Ministerio Público de la Defensa es el sostén comercial de la empresa.
Gerf es una fábrica local que da sustento a 70 familias y cuenta con cinco locales en la provincia, que se inició a pulmón, que creció por la fuerza, la creatividad de esta familia de emprendedores. En este local antes funcionaba una panchería de la familia y que la reconvirtieron en un local de zapatillas que cuando comenzó tenía sólo tres modelos. El crecimiento de la empresa de capitales tucumanos abarcó la incorporación de varios modelos más de zapatillas, botines de fútbol 5, gorras, cordones y que ahora incorporaron indumentaria.
El abogado de la familia, Carlos Cruzado Sánchez, presentó una demanda para dejar sin efecto la expropiación. En los argumentos deja en evidencia la inconstitucionalidad de la ley pero además deja en ridículo al Gobierno de la provincia -y sus tres poderes del Estado.
Lo más grave de todo es que la Legislatura aprobó en junio de 2019 la ley que declara a este inmueble sujeto a expropiación. El Gobierno de la provincia tenía dos años para iniciar el juicio de expropiación, es decir hasta julio de 2021 y el Gobierno empezó el juicio en marzo de 2022, es decir 9 meses de vencido el plazo. Esa es la gran apuesta de la familia para dar vuelta la orden de desalojo.
El abogado, en su escrito, también deja en evidencia que el gobierno de la provincia tiene varias propiedades en la zona donde está el local comercial que pretenden expropiar. ¿Para qué se paga a una familia 13 millones de pesos por un local si el Gobierno tiene otros inmuebles en la zona y por lo que no debería gastar dinero?
Otro de los argumentos del letrado es que los 13.982.072 de pesos que el Gobierno depositó en una cuenta especial para pagar a los propietarios del inmueble, no tienen relación con el valor real de esa propiedad. Sofía, una de las dueñas de la firma, hizo un video en las redes sociales que se viralizó en los últimos días y que plantea la incertidumbre de la familia por esta situación.