Tres de cada cuatro nuevas jubilaciones dadas por la Anses tuvieron moratoria
El año pasado hubo casi 314.000 altas de casos con planes de pago de aportes no hechos en la vida laboral; en marzo deja de regir un sistema creado en 2023: qué pasará desde entonces.
En el año que terminó, tres de cada cuatro nuevas jubilaciones que otorgó la Anses fueron para personas que recurrieron a la moratoria previsional, porque no reunían la totalidad de los aportes que exige la ley. Las altas de beneficios jubilatorios con moratoria fueron, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social actualizados a mediados de diciembre, 313.950 sobre un total de 427.505. A ese número se suman las 48.284 pensiones por fallecimiento habilitadas también por este sistema, prácticamente la mitad de las dadas de alta durante casi todo 2024. El protagonismo de las altas con moratoria no es, claro, un hecho nuevo: en 2022 y en 2023 el 65% y el 81% de las nuevas jubilaciones, respectivamente, había requerido de ese régimen. Y, al menos desde 2010, cada año más de la mitad de las altas tuvo planes de pago por aportes no hechos en su momento.
La marcada incidencia de ese grupo de prestaciones es un eco de los problemas sociales y laborales de larga data del país, y está también vinculada al hecho de que la normativa previsional está desacoplada de esa realidad. A la par del avance de las moratorias previsionales, concebidas como políticas transitorias, no se le dio un principio de solución al elevado índice de informalidad laboral, que es un problema enraizado, ni se revisó el requisito de tener un mínimo de 30 años de aportes para jubilarse, una norma rígida que no contempla la situación, por ejemplo, de quien hizo contribuciones durante 20 o más años.
De las prestaciones jubilatorias que están en curso de pago, el 67,7% requirió de moratoria. Son algo más de 3,8 millones de casos, según el dato promedio mensual de 2024, publicado por la ya mencionada dependencia oficial. Entre las pensiones por fallecimiento, en tanto, son algo más de medio millón las que tuvieron o tienen planes de pago, un tercio del total. Entre jubilaciones y pensiones, las prestaciones “con moratoria” sumaron así, en el dato mensual promedio de 2024 y siempre según datos oficiales, 4.329.041.
Jubilaciones en curso de pago
La participación de las prestaciones con moratoria fue creciendo de manera significativa en las últimas dos décadas, en las que se sucedieron normativas con planes para jubilarse sin tener los aportes requeridos.
Mientras que en 2005 las jubilaciones con moratoria representaron el 0,26% del total de las que entonces se pagaban, al año siguiente ya eran el 9,3%; en 2008 llegaron a ser la mitad y en 2015 el 62,3% de las prestaciones jubilatorias puestas cada mes al pago tenían moratoria. Desde entonces, nunca fueron menos de dos tercios del total. El primer año mencionado, 2005, fue aquel en el que se reglamentó una ley de la década del 90, la 24.476, que había previsto planes de pago de aportes para poder jubilarse, incluso, sin contar con contribuciones previas.
El plan para jubilarse por aquella ley de hace 30 años sigue vigente, pero perdió mucha fuerza con el paso del tiempo, porque solo permite regularizar aportes no hechos correspondientes a períodos previos a octubre de 1993.
El principal plan actual y el fin de su vigencia
Luego de que rigieron otras normativas, en 2023 y 2024 el plan más utilizado fue el de la ley 27.705, de “Plan de pago de deuda previsional”. El sistema de compra de aportes para la jubilación inmediata previsto en esa norma tiene vigencia hasta el 23 de marzo del actual 2025. Y el gobierno de Javier Milei ya anticipó su decisión de que no haya prórroga.
En caso de cumplirse esa premisa (que no haya extensión del plazo), quienes cumplan la edad mínima para jubilarse en el sistema general gestionado por la Anses (60 años las mujeres y 65 años los varones) y no tengan los aportes exigidos, ya no podrán adherir a un plan para comprar las contribuciones faltantes y obtener la prestación inmediatamente.
Esas personas podrán solicitar, en cambio, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es de un monto equivalente al 80% del haber mínimo y que no tiene requisitos de aportes (ni diferencia a quienes no aportaron nada de quienes contribuyeron varios años). Es una prestación para cuyo acceso se exige una edad mínima de 65 años, sin importar si se trata de un varón o de una mujer. De esa forma, el fin de la vigencia del actual plan impactará mayormente en la población femenina, que por diferentes causas es la más afectada por la falta de aportes.
El peso de las moratorias
La estadística oficial muestra, de hecho, que entre las jubilaciones percibidas en 2024 por mujeres, el 79,4% (2.831.802, según el promedio mensual) tiene o tuvo plan de moratoria. Entre las correspondientes a varones, en tanto, ese índice es bastante más bajo, aunque de todas maneras significativo: el 47,5% de las prestaciones jubilatorias (981.752 sobre 2.065.658) tuvo planes de pago de aportes.
Los beneficios con moratoria son, por lo general, de los más bajos del sistema. En diciembre último, entre quienes cobraron el importe equivalente al haber mínimo más el bono de $70.000 (es decir, quienes perciben el básico o solo un poco más), el 87,4% obtuvo su jubilación con moratoria. El universo allí incluido es heterogéneo, porque están quienes tuvieron pocas o ninguna contribución durante la etapa laboralmente activa, y también están quienes tuvieron varios años de aportes, pero no llegaron, en algunos casos por poco, a los 30 exigidos por la normativa.
Cómo es el plan vigente hasta marzo
La ley 27.705 fue aprobada en febrero de 2023 y establece que las personas que tienen la edad de jubilación del régimen general o la cumplen hasta el 23 de marzo de 2025 pueden comprar, a un precio determinado, las contribuciones necesarias para completar los 30 años.
Esa compra de aportes implica contraer una deuda con el Estado. Pero, salvo excepciones, no es una obligación que se deba abonar efectivamente. El mecanismo dispuesto implica que la Anses otorga el beneficio y durante un período se descuenta, del haber mensual, un importe actualizable, con lo cual se va saldando la obligación con el fisco.
Ese sistema de descuentos de haberes no aplica si la persona, por sus ingresos o su patrimonio, no pasa un examen socioeconómico. Sin embargo, incluso para estos últimos casos la ley prevé que se puedan comprar aportes al precio establecido, con la condición de que el pago se haga antes de pedir el beneficio.
Los aportes que pueden adquirirse, en el caso de quienes tienen o cumplan la edad de jubilarse durante la vigencia del plan, deben ser de períodos previos a 2009. Y el valor de cada mes de contribución es en enero de $25.971,65.
Los otros planes
La ley 27.705 también creó un plan de adquisición de aportes para personas a las que les faltan hasta 10 años para la edad jubilatoria. En estos casos se adquieren “unidades de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”. Cada unidad vale un mes de contribución y pueden comprarse períodos previos a abril de 2012. Lo declarado como deuda se debe pagar antes de pedir la jubilación. Ese plan no dejará de tener vigencia.
Hay otra moratoria en curso: la de la citada ley 24.476, pero las posibilidades de ingreso se redujeron fuertemente con el paso del tiempo, porque solo pueden cancelarse deudas por meses previos a octubre de 1993. Y pueden declararse aportes impagos por períodos en que se haya tenido al menos 18 años de edad.
