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Todos putean por las tarjetas de colectivo

Ciudadanos de primera vs. ciudadanos segunda: 

Algo tan simple como la tarjeta para viajar en colectivo en Tucumán terminó dividiendo a la provincia en ciudadanos de primera y de segunda: entre los que viven en la capital y los que viven en cualquier otra parte de la provincia. 

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció en diciembre del año pasado -una vez vencido el contrato con la tarjeta Ciudadana- la incorporación de la Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Esta tarjeta será desde abril el único método de pago en colectivos de la línea 1 a la 19. De esta forma, la transición de Ciudadana a SUBE en los colectivos urbanos implica la convivencia de ambos sistemas durante un par de meses.

En un principio, la tarjeta se entregó de manera gratuita a ciertos grupos (jubilados y/o pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de Malvinas, monotributistas sociales y beneficiarios de planes sociales) que residieran en capital. Al mismo tiempo, el resto de los usuarios pueden conseguirla en cualquier kiosco por $1500.

Por otra parte, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció a fines del año pasado la tarjeta que reemplazaría a la Ciudadana en la líneas interurbanas luego del lanzamiento de la SUBE. Se trata de una tarjeta llamada “Independencia” que funcionará exclusivamente en colectivos de la zona metropolitana (del 100 al 142). Junto a esto, se difundieron fechas límites para la Ciudadana: primero se eliminó la posibilidad de usar saldo negativo, luego el caos se desató cuando se anunció que el último día para cargar saldo sería el 31 de marzo. 

La información era contradictoria: se podía cargar hasta el 31 de marzo, pero usarla hasta el 30 de abril. Sobre la Metropolitana no había información clara, tampoco había fecha confirmada para el lanzamiento de la nueva tarjeta, aunque se proyectaba para junio. Todo era incertidumbre y confusión; los usuarios quedaban a merced de decisiones de políticos que evidentemente desconocen la realidad de quien viaja en colectivo. 

La tarjeta Independencia salió a la venta un día después de que se anunciara que su lanzamiento sería en junio. Sin anuncios oficiales previos comenzó a venderse en su único punto de venta: el puesto 40 de la Terminal de Ómnibus, a un precio que duplica el de la SUBE ($3.000) y conviviendo con el resto de las tarjetas hasta su eventual baja (ciudadana el 30 de abril y metropolitana aproximadamente un mes después). Lo explicamos más despacio: todas las personas que viven en Tucumán tienen un sólo lugar para comprar la tarjeta para el transporte metropolitano, en la capital, donde esa tarjeta no sirve para trasladarse en un recorrido urbano. 

Así, viajar en transporte público en Tucumán empezó a significar tener en el bolsillo cuatro tarjetas diferentes, dependiendo del colectivo que quieras tomar. Ni hablar de los rurales, que siguen cobrando en efectivo. Todo esto sin contar el pésimo servicio y las condiciones deplorables de las unidades. Ejemplo: los jubilados que viven fuera de la capital pagaran el total del boleto, sin acceder al descuento del 50% que sí tienen los que se manejan con SUBE en las líneas urbanas.

¿No entendes por qué no ponen la SUBE en toda la provincia y listo? Nosotros tampoco. La explicación de la Provincia es que la Nación no tiene suficientes validadoras para instalar en todos los colectivos interurbanos-metropolitanos y rurales, unos 600. Ojalá hubiera un gobierno nacional que apostara por la obra pública y la inversión, ¿no?

Veinte provincias utilizan la SUBE como método de pago de transporte público, funciona en 25 mil colectivos, 9 líneas de tren, 7 líneas de subte y es utilizada por más de 14 millones de personas en 61 localidades de todo el país ¿y no hay 600 validadoras para Tucumán? Claramente se trata de una puja política en la que los usuarios quedamos atrapados. 

A esto se suman las recientes declaraciones de la intendenta Rossana Chahla y del secretario de Transporte y Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, en el marco del Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU), que han generado aún más preocupación. Este plan tiene como objetivo descongestionar el centro y evitar embotellamientos. Su implementación abarca el cambio de sentido de algunas calles y el uso de carriles exclusivos.

Ahora, proyecta restringir el ingreso de colectivos interurbanos y rurales al casco histórico, limitando su recorrido a las avenidas perimetrales (Sarmiento, Roca, Mitre-Alem y Avellaneda-Sáenz Peña). De implementarse, el temor de los usuarios es que se deban pagar dos boletos para llegar al centro. 

La medida apunta a reducir el uso de vehículos particulares en el microcentro, promoviendo el transporte público y las bicicletas. No obstante, podría generar el efecto contrario: al no poder llegar al centro en un solo colectivo, muchos optarían por utilizar sus automóviles o vehículos de aplicación (Uber, Didi, etc) que resultan más cómodos y económicos. 

No es algo nuevo

A pesar de que el conflicto de tarjetas parece nuevo, no lo es. Mientras en 2009 Buenos Aires implementaba por primera vez el cobro mediante la SUBE, en Tucumán pagar el colectivo con una tarjeta parecía utópico. De esta forma, el efectivo y los cospeles convivieron como método de pago hasta 2013, cuando se implementó una tarjeta magnética que los reemplazaría, pero solo en San Miguel de Tucumán.

Esa tarjeta era la Ciudadana, que podía comprarse en diferentes kioscos de la Capital tucumana. Sin embargo, esta modernización no alcanzaba a las líneas metropolitanas, interurbanas y rurales, que siguieron utilizando el pago en efectivo hasta que, un año después, se anunció una tarjeta únicamente para esos colectivos: la Metropolitana. Esta dualidad de tarjetas inició una discusión que aún sigue vigente: ¿Por qué San Miguel de Tucumán necesita una tarjeta única? ¿El usuario tiene la culpa de tener que vivir entre diferentes municipios? ¿No ser capitalino te baja de categoría como ciudadano?

Gracias al descontento de los usuarios, en ese mismo año se resolvió que ambas tarjetas serían válidas tanto dentro como fuera de la Capital, dejando a la provincia con dos métodos de pago electrónico equivalentes. ¿Por qué dos tarjetas? Las comisiones por el uso de los plásticos iban para dos firmas distintas. Si bien las dos tarjetas podían usarse tanto para servicios urbanos (14 líneas de colectivos, de la 1 a la 19), y metropolitanos (37, de la línea 100 a la 142), el uso de la Ciudadana se extendió en mayor medida porque permitía un beneficio: realizar hasta tres viajes con saldo negativo (el mínimo salía $3 y tenías $9 de saldo negativo). Beneficio que no fue actualizado y que este año permitía apenas un viaje sin saldo: el viaje mínimo urbano de $950.

A pesar de las constantes promesas de la Nación de implementar en todo el país el sistema SUBE -la primera realizada en 2011 por Florencio Randazzo cuando era ministro de Interior de Cristina Fernández- y de la vinculación de las tarjetas provinciales para que una Ciudadana sirva para pagar viajes en diferentes provincias, nunca se avanzó. Y eso que la empresa proveedora del servicio era la misma en todo el país, sea SUBE o cualquier tarjeta: ATOS. De esta forma nos damos cuenta de que la discriminacion entre ciudadanos “de primera” y “de segunda” no es solo una cuestión de acceso a beneficios o comodidad. Es una decisión política que condena a miles de tucumanos a pagar más, viajar peor y perder tiempo. Mientras tanto, quienes gobiernan siguen imponiendo parches y soluciones a medias, manteniendo un sistema roto que solo beneficia a unos pocos.

FUENTE; Por: Paula Barrionuevo , https://metacrisis.com.ar/ciudadanos-de-primera-vs-ciudadanos-segunda-todos-putean-por-las-tarjetas-de-colectivo/

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