Los parlamentarios Silvia Elías de Pérez y José Cano pretenden que dos veces por año, en sesiones públicas y transmitidas, el Gobierno deba detallar números, indicadores y estado de obras y responder preguntas para romper con la “caja cerrada” del Estado provincial.
Los legisladores radicales Silvia Elías de Pérez y José Cano presentaron un proyecto de ley con el objetivo de instituir la obligatoriedad de la presentación de un «Informe de Progreso de Gestión» por parte del Poder Ejecutivo ante la Legislatura de Tucumán.
Esta iniciativa busca establecer en la provincia un mecanismo de control y rendición de cuentas similar al que se ejecuta en el ámbito nacional, donde el Jefe de Gabinete de Ministros comparece periódicamente ante ambas Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. La propuesta de los parlamentarios tucumanos apunta a que el Ejecutivo deba informar sobre el desenvolvimiento de la gestión gubernamental dos veces al año, específicamente en los meses de junio y noviembre, permitiendo un seguimiento cercano de la administración de los recursos públicos.
De acuerdo con el articulado del proyecto, el Secretario General de la Gobernación (Federico Nazur) será el responsable de la presentación del informe ante el pleno del Cuerpo legislativo. Asimismo, se establece que “los Ministros de las respectivas carteras deberán suministrar la información técnica de sus áreas y podrán ser requeridos por la Legislatura para ampliar el informe en la misma sesión”. Para asegurar un análisis exhaustivo, el Ejecutivo deberá remitir el informe por escrito con una antelación no menor a 20 días corridos a la fecha de la sesión informativa, permitiendo que los legisladores envíen preguntas ampliatorias hasta siete días antes del encuentro, el cual tendrá “carácter público y será transmitida por medios oficiales”.
El contenido del informe deberá ser detallado y técnico, incluyendo la ejecución presupuestaria por jurisdicción y programa, el estado de avance de las metas físicas y financieras de los planes estratégicos, e indicadores de impacto de las políticas públicas ejecutadas. Además, la iniciativa prevé sanciones por incumplimiento, determinando que la falta a los plazos y formas establecidos “será considerado falta grave a los deberes de funcionario público, sin perjuicio de las facultades de interpelación previstas en la Constitución Provincial”.
En los fundamentos de la medida, Elías de Pérez y Cano sostienen que el vínculo entre el Estado y el ciudadano actualmente está roto y que la única forma de repararlo es con la verdad sobre la mesa. “La pregunta que se hace el tucumano es simple: ‘¿Qué hacen con nuestra plata?’. Y este proyecto viene a responder eso. No busca ser una molestia burocrática para el Poder Ejecutivo, sino una herramienta de respeto al pueblo”, afirman los autores. Los legisladores remarcan que rendir cuentas debe ser una “obligación natural en una democracia” y no un acto excepcional.
Finalmente, los autores del proyecto enfatizan que buscan evitar la lectura de “discursos vacíos”, exigiendo en cambio que los funcionarios “vengan a dar la cara, a mostrar números, metas y resultados”. El objetivo último es que el Estado tucumano deje de ser una “caja cerrada” y se convierta en una “casa de cristal”, donde se explique con claridad, por ejemplo, “por qué una obra en una comuna está parada o qué pasó con el presupuesto para los canales que hoy están tapados”, garantizando que los recursos se utilicen para que los ciudadanos puedan “vivir mejor, estar más seguros y dejar de mirar al cielo con miedo cada vez que empieza a llover”.
