La inversión, avalada por el Tribunal de Cuentas, apunta a modernizar y reforzar las condiciones de seguridad y control en uno de los edificios más sensibles del Poder Judicial ubicado en calle España 432.
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La Corte Suprema de Justicia de Tucumán puso en marcha una licitación pública para adquirir e instalar un sistema de control de accesos en el edificio del Fuero Penal, ubicado en calle España 432, una inversión que demandará $178.380.164,28. El procedimiento recibió el visto bueno del Tribunal de Cuentas, que no formuló objeciones para la continuidad del trámite.
La decisión fue adoptada mediante la Acordada N° 492/2026, firmada el pasado 4 de junio, y posteriormente sometida al control preventivo del órgano de contralor, que se expidió favorablemente el 11 de junio a través del Acuerdo correspondiente.
La iniciativa contempla la provisión e instalación de equipamiento destinado a reforzar el sistema de ingresos a la sede de los Tribunales Penales, donde funcionan dependencias vinculadas al fuero criminal. Para ello, la Corte autorizó la Licitación Pública N° 10/2026 y aprobó los pliegos de bases y condiciones que regirán el proceso.
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Según la documentación analizada por el Tribunal de Cuentas, una parte del gasto, equivalente a $48.194.994,70, será imputada al presupuesto vigente del Poder Judicial, mientras que los restantes $130.185.169,58 serán financiados con recursos provenientes de la cuenta de Excedentes Financieros de la Ley 6.930, depositados en el Banco Macro.
En el marco del control previo, las distintas áreas técnicas del Tribunal de Cuentas analizaron la contratación. El Departamento de Ingenieros Fiscales indicó que no existían aspectos de su competencia sobre los cuales formular observaciones, mientras que el Departamento de Informática concluyó que los requerimientos tecnológicos y los valores estimados «no merecen objeciones».
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Por su parte, el Departamento de Contadores Fiscales consideró correctas las partidas presupuestarias consignadas, aunque advirtió que al momento de la adjudicación deberá verificarse la existencia de crédito suficiente y la afectación definitiva de los fondos necesarios para afrontar la contratación.
Con esos informes y el dictamen de la Asesoría Jurídica, el Tribunal de Cuentas resolvió expedirse «sin advertir objeciones, en esta instancia, para la prosecución del trámite correspondiente», habilitando así el avance de la licitación impulsada por la Corte Suprema.
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La inversión, superior a los $178 millones, apunta a modernizar y reforzar las condiciones de seguridad y control en uno de los edificios más sensibles del Poder Judicial tucumano, donde se tramitan las causas penales de la provincia.
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FUENTE: Por Tendencia de noticias
