En las calles de San Miguel de Tucumán crece una preocupación entre los propietarios de taxis: algunos choferes parecen manejarse como si fueran dueños de las unidades, tomando decisiones por cuenta propia y desconociendo las reglas y responsabilidades que existen detrás de cada vehículo habilitado.
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El problema no pasa por cuestionar el derecho de cada trabajador a ganarse el sustento diario. La discusión aparece cuando ese derecho se confunde con la posibilidad de hacer lo que cada uno quiere, sin respetar acuerdos, horarios, condiciones de trabajo o las instrucciones de quien es titular de la unidad.
La normativa tucumana establece que el servicio de taxi está vinculado a un permiso y a un vehículo cuyo titular debe cumplir determinadas obligaciones.
En el ámbito municipal capitalino, el SUTRAPA también puso el foco en el reempadronamiento, la documentación, las inspecciones y el control de las unidades.
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¿Quién se hace cargo cuando aparecen los problemas?
Una de las principales inquietudes de los propietarios es sencilla: cuando un chofer incumple las reglas, ¿quién termina respondiendo?
El propietario debe afrontar gastos de mantenimiento, seguros, impuestos, habilitación, reparaciones y demás obligaciones vinculadas al vehículo. Al mismo tiempo, la legislación provincial contempla expresamente la relación entre titulares, mandatarias y choferes, incluyendo responsabilidades laborales y previsionales.
Por eso, el debate debería darse con seriedad y sin enfrentar a trabajadores contra propietarios. El chofer necesita derechos y condiciones dignas; el propietario también necesita que se respete su inversión, su unidad y las reglas bajo las cuales funciona el servicio.
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Lo que no puede convertirse en una práctica habitual es que determinados conductores actúen sin respetar ninguna autoridad, modifiquen unilateralmente las condiciones de trabajo o utilicen una unidad ajena como si fuera propia.
Orden, responsabilidad y respeto
En un servicio público como el taxi, todos tienen responsabilidades. El conductor debe cumplir las normas de tránsito y transporte, prestar correctamente el servicio y contar con la autorización correspondiente. La normativa, además, establece que quien no es titular de la licencia debe acreditar la autorización para conducir el vehículo.
En este contexto, resulta necesario recuperar una palabra que parece haberse perdido: respeto.
Respeto por el trabajador, pero también por el propietario. Respeto por las normas, por el usuario y por quienes todos los días ponen dinero, esfuerzo y trabajo para mantener un taxi en la calle.
La ciudad necesita un sistema de taxis ordenado, profesional y responsable. Y para lograrlo no alcanza con controlar los vehículos: también es necesario que cada uno cumpla con el rol que le corresponde y que nadie crea que puede hacer lo que quiere por encima de las reglas.
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Porque detrás de cada taxi hay una inversión, una familia y un trabajador. Y para que el sistema funcione, ninguno puede quedar por encima de la ley ni de los derechos del otro.
