El gobernador tucumano compró la propiedad en diciembre de 2024, Pagò US$300.000 hipoteca al Banco Macro, cuando ya estaba en el cargo. El préstamo hipotecario lo otorgó el banco que maneja las cuentas provinciales. La oposición cuestiona la falta de transparencia patrimonial.
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El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, adquirió e inscribió a su nombre una propiedad valuada en US$300.000 en Tafí del Valle, uno de los principales destinos turísticos de la provincia. La operación quedó registrada oficialmente a fines de 2024 y la vivienda figura hipotecada a favor del Banco Macro, actual agente financiero del Estado tucumano.
Según la documentación del Registro Inmobiliario, la escritura fue firmada el 13 de diciembre de 2024 y la inscripción se concretó el 22 de enero de 2025. La propiedad posee una superficie de 2.347,38 metros cuadrados y quedó registrada a nombre del mandatario provincial y de su esposa, Ana María del Valle Grillo.

El inmueble fue adquirido mediante una operación de US$300.000 y aparece asociado a una hipoteca por $266.250.000 otorgada por el Banco Macro. De acuerdo con el artículo, en diciembre de 2024 Jaldo obtuvo un préstamo total de $271.572.000.
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La revelación se produce en medio del debate nacional sobre declaraciones juradas patrimoniales y financiamiento otorgado a funcionarios públicos, especialmente tras la difusión de información vinculada a créditos hipotecarios entregados por entidades estatales a dirigentes políticos aliados del oficialismo nacional.
Consultado semanas atrás sobre el crédito hipotecario, Jaldo sostuvo que mantiene actividad agrícola y ganadera desde hace más de tres décadas y defendió la legalidad de sus operaciones financieras. “Soy cliente del Banco Macro desde que era Banco Provincia y también del Banco Santander”, afirmó durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
El gobernador también aseguró que todos sus créditos corresponden a actividades privadas y desvinculadas de su función pública. Según explicó, el financiamiento resulta habitual para productores y comerciantes en un contexto económico complejo y de caída del consumo.
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La compra de la propiedad también volvió a poner en discusión el sistema de control patrimonial en Tucumán. La última declaración jurada pública presentada por Jaldo ante la Oficina Anticorrupción nacional corresponde a 2016, cuando asumió como diputado nacional.
El artículo señala además que el mandatario debía presentar nuevamente una declaración jurada por haber sido candidato a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2025, aunque finalmente renunció a asumir esa banca. Desde el entorno del gobernador argumentaron que se trató de una “candidatura testimonial” y sostuvieron que no fue proclamado formalmente en el cargo.
Voceros de la Gobernación afirmaron que Jaldo sí presentó sus declaraciones patrimoniales conforme a la legislación provincial y ante los organismos fiscales correspondientes, aunque aclararon que en Tucumán esas presentaciones no son de acceso público.
La provincia cuenta con la Ley Nº 3981, que obliga a funcionarios provinciales a presentar declaraciones juradas, aunque no establece mecanismos de publicidad obligatoria ni existe un organismo equivalente a la Oficina Anticorrupción nacional que supervise su cumplimiento.
Según el relevamiento citado en la nota, solo la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires permiten actualmente el acceso público completo a las declaraciones juradas de funcionarios. Otras provincias habilitan consultas parciales.
En la última declaración jurada pública presentada por Jaldo en 2016 figuraban distintos bienes inmuebles en San Miguel de Tucumán y Trancas, varios de ellos adquiridos mediante créditos o préstamos.
Con más de 25 años dentro de la función pública provincial, Jaldo fue intendente de Trancas, vicegobernador de Juan Manzur durante ocho años y posteriormente ganó las elecciones provinciales de 2023. Actualmente mantiene diálogo frecuente con la Casa Rosada y es considerado uno de los gobernadores peronistas con posición más cercana al oficialismo nacional.
Fuente: La Nación




