El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir desde este miércoles, luego de que se completara la actualización del sistema SUBE. La medida fue confirmada por el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo.
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Desde este miércoles entrará en vigencia el nuevo valor del boleto del transporte urbano de pasajeros en San Miguel de Tucumán, que pasará a costar $1.700. La confirmación fue realizada por el secretario de Movilidad Urbana del municipio, Carlos Arnedo, quien precisó que la actualización comenzará a aplicarse tras completarse el proceso de adecuación del sistema SUBE.
El incremento había sido oficializado días atrás mediante la publicación de la Ordenanza N° 5531 en el Boletín Oficial, luego de que la intendenta Rossana Chahla promulgara la norma aprobada por el Concejo Deliberante. Sin embargo, su aplicación quedó supeditada a la actualización tecnológica que debía realizar Nación Servicios, organismo encargado de administrar el Sistema Único de Boleto Electrónico.
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Con ese trámite ya finalizado, desde mañana el nuevo valor comenzará a reflejarse en las tarjetas SUBE de los usuarios del transporte urbano de la capital. La ordenanza mantiene los beneficios para estudiantes y docentes, estableciendo que los abonos escolares, universitarios y docentes continuarán calculándose sobre los porcentajes previstos por la Ordenanza N° 113/77 y sus modificatorias, preservando así el esquema de descuentos vigente.
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Asimismo, la normativa redefine el Abono Social. En ese marco, se estableció un abono de 88 viajes con un costo equivalente al 75% de la tarifa general, mientras que los abonos de 44 y 22 viajes tendrán un valor correspondiente al 80% del boleto común.
El aumento puso fin al trámite administrativo iniciado tras la aprobación del proyecto en el Concejo Deliberante, donde la actualización tarifaria fue sancionada por una ajustada mayoría de nueve votos contra ocho, gracias al voto de desempate del presidente del cuerpo, Fernando Juri.
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Durante el debate legislativo, el oficialismo sostuvo que la actualización era indispensable para garantizar la continuidad del servicio frente al incremento de los costos operativos, mientras que la oposición cuestionó la falta de estudios técnicos que justificaran el nuevo valor y advirtió que la medida trasladaba nuevamente el peso de la crisis a los usuarios sin resolver los problemas estructurales del sistema de transporte metropolitano.




